#RetornandoSucesos

24 de diciembre de 1986

La Ley de Punto Final

Por María Cecilia Demartín
ma.ceciliademartin@gmail.com

El 24 de diciembre de 1986 se promulga la Ley N.º 23.492 de “Punto Final” que establecía la caducidad de acción penal contra los imputados por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívica militar.

A los 5 días de asumir Alfonsín como presidente de la Nación, comenzaba el juicio a las Juntas Militares y a los integrantes de grupos armados subversivos. Las juntas militares comenzaron a ser enjuiciadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas debido a que en ese momento las leyes vigentes establecían que los militares sólo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el delito cometido. Las demoras y la falta de voluntad en las Fuerzas Armadas para enjuiciar realmente a los jefes militares se hicieron evidentes, por lo que en febrero de 1984 el Congreso sancionó la Ley N.º 23.049, de reforma del Código de Justicia Militar, estableciendo que la justicia militar sólo atendería delitos de ese tipo (abandono de guardia, deserción, insubordinación, etc.). Cualquier otro delito cometido por un militar debía ser atendido por la justicia civil.

Ante la evidencia de la demora injustificada de la justicia militar para enjuiciar a las juntas, en octubre de 1984, la Cámara Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente de la causa. Hasta ese momento el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas sólo había tomado declaración indagatoria y dictado la prisión preventiva a Emilio Massera.

Al retomarse el proceso de juzgamiento, y debido a que la cantidad de delitos sobre los que existían constancias superaban los diez mil, el fiscal Strassera tomó la decisión de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos, sobre la base de casos paradigmáticos. La fiscalía presentó entonces 709 casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280. Durante los juicios quedó en evidencia el aparato clandestino de represión: la clandestinidad de las detenciones, la práctica de saquear las viviendas de los detenidos, la captura de sospechosos, la privación ilegitimidad de la libertad, los interrogatorios bajo tortura, y la eliminación física de los detenidos. El juicio demostró la responsabilidad de los jerarcas de las juntas y la falsedad de cualquier hipótesis sobre los “excesos propios de cualquier acción militar” como pretendían hacer creer los comandantes.

El informe de la CONADEP y el juicio a las juntas hicieron que la generalidad de la población se enterara, por primera vez y sin posibilidades de negarlo, de lo que había sucedido en el país.

El juicio a las juntas argentinas constituyó un hito en la historia para todos los países de la región, permitiendo que en los diferentes procesos de transición se contara con un precedente importante a la hora de combatir jurídicamente la impunidad de los responsables de los gobiernos dictatoriales.

Pero en diciembre de 1986, diputados y senadores (radicales y peronistas) aprobaron el proyecto de Ley que establecía un plazo de 30 días (que luego ampliarían a 60) luego del cual caducaba el derecho a reclamar justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura. El período de presentación de casos procesados vencía en marzo de 1987 (a excepción de los responsables de secuestros de recién nacidos) y en abril continuarían los juicios.

“Art. 1º – Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la Ley N.º 23.049, que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”.

La aprobación de esta Ley (junto con la Ley de Obediencia debida) fueron la expresión del desorden que caracterizó al proceso de transición democrática iniciado en diciembre de 1983. El orden democrático estaba condicionado, adulterado por la pretensión de impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Entrada ya en vigencia la Ley de Punto Final, la avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de los desparecidos y detenidos, provocó la reacción de los carapintadas en la “Semana Santa de 1987”, que cuestionó los juicios a las juntas y reclamó mayor impunidad.

La limitación temporal a los procesamientos que estableció la ley de Punto Final no fue suficiente para los militares, que el 15 de abril de 1987 (cuando debía presentarse ante los tribunales el mayor Ernesto Barreiro, torturador en el centro clandestino de detención conocido como «La Perla”) gran parte del Ejército se sublevó para exigir a la sociedad y a las instituciones el olvido definitivo del pasado inmediato.

La reacción inicial fue la de la movilización popular y la unidad de los partidos políticos contra la extorsión corporativa.

Pero la percepción que tenía Alfonsín sobre la relación de fuerzas derivó en la concesión encarnada por el envío al Congreso (tras la negociación entre el presidente y Aldo Rico) del proyecto de ley de Obediencia Debida, que terminaba definitivamente con la posibilidad de enjuiciar a cualquier militar por debajo de los que habían tenido los cargos de mayor responsabilidad durante la dictadura.

La Ley de “Punto Final” da inicio al período de impunidad legislativa mediante el cual se impidió el juzgamiento o ejecución de las condenas contra autores de crímenes de lesa humanidad, y concluye con los indultos por parte del ex presidente justicialista, hoy senador por La Rioja, Carlos Menem (quien finalmente indulta a todos los ex miembros de las juntas militares de gobierno y a los jefes militares procesados, a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, a todos los participantes de las rebeliones militares y a los condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas). En 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se inició un proceso de cuestionamiento judicial de la constitucionalidad de los indultos que finalizó en 2010 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, confirmando las nulidades de los indultos y ordenando que los condenados en el Juicio a las Juntas cumplieran las condenas que se les habían impuesto. Finalmente, y en contraste, en mayo de 2017, la Corte Suprema dictó una sentencia que permite reducir considerablemente las condenas de las personas halladas culpables de delitos de lesa humanidad, por aplicación del llamado «dos por uno».

Para ampliar información:

– Novaro, M. Historia de la Argentina 1955-2010. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2010.
– Pucciarelli, A. (Coord.). Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder? Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2006.

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