#RetornandoSucesos

Día Internacional de las Poblaciones Indígenas

Por María Cecilia Demartín

ma.ceciliademartin@gmail.com

 

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 con la Resolución 49/214.

Los derechos de los pueblos indígenas se han introducido en los marcos legales y en las políticas internacionales debido a los movimientos que, a escala regional, nacional e internacional, llevaron (y llevan) adelante las poblaciones originarias. Que la agenda política hoy considere la diversidad cultural, que reconozca y busque enmendar su exclusión histórica del sistema jurídico nacional e internacional se debe a la lucha y a las negociaciones entre las Naciones Originarias y el Estado. La constitución de los pueblos indígenas en sujetos de derechos es una conquista socio política por parte de las naciones originarias. No es el Estado que iluminadamente descubre la plurinacionalidad existente dentro de sus fronteras, sino que es el movimiento indígena quien, a través de siglos de resistencia irrumpe en las últimas cuatro décadas en los escenarios políticos de América Latina.

Pero, mientras se reconocen los derechos de las poblaciones originarias, se modifican las condiciones materiales para llevarlas a cabo. Debemos tener en cuenta el contexto político-económico latinoamericano de los años `90 en el cual se transcriben estas conquistas: desregulación y retirada de la injerencia del Estado en la provisión de servicios y coberturas sociales básicas, que contribuyeron a la exclusión y pauperización de las poblaciones indígenas y no indígenas.

La reforma Constitucional argentina de 1994, al adherir a los Tratados Internacionales, incorporó en su Artículo 75, inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y agrega que debe garantizarse la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan y regular la entrega de otras, aptas para el desarrollo humano.

Cuando hablamos de “preexistencia” debemos entender que esas poblaciones existen en estas tierras antes de la organización de los Estados nacionales actuales. La identidad de sus miembros pertenece al pueblo que los hermana (mapuche, aymara, guaraní, etc.).

El concepto occidental de Estado-Nación no permite la comprensión de que la nación y el Estado “argentino” son un producto de la construcción histórica y no un destino mesiánico omnipresente a lo largo de la historia. La “nación argentina” (única posible) se pensó a mediados del S. XIX, y se pensó blanca con raíces europeas. Las instituciones del entonces naciente Estado argentino decidieron que no querían la sociedad existente y deseaban un ideal “civilizado”, de allí que con el lema “poblar el desierto” se invitó a millones de europeos a venir. Lamentablemente para los fundadores de la tradición histórica argentina, no fueron los países del norte los que expulsaron contingentes de “civilizados” migrantes hacia estas tierras.

Pero la Nación argentina debía construirse de todas formas y, aunque no hayan sido la calidad de migrante esperado, eran ajenos a cualquier vestigio nativo y pertenecían, según los criterios decimonónicos, a una raza superior. Mientras tanto se expulsaba de sus tierras a las naciones indígenas. Al mismo tiempo se eliminaba por completo el concepto de comunitario y comunidad en pos de la propiedad privada e individual. Sus creencias, cosmovisiones y formas de vida representarán desde entonces el más absoluto salvajismo y retraso. Su fundamental respeto por la naturaleza, a la cual consideran como parte del cosmos, será reducido a la más pura superstición mientras el concepto occidental de entender lo natural solo como recurso generará las más profundas desigualdades.

Se les prohibió hablar su idioma y se les impusieron las reglas de un Estado que los excluía.

Un Estado que no dudaba en eliminarlos físicamente. Se ignora que la política de exterminio no se limita solo a fines del S. XIX ni a un modelo de Estado particular. Por nombrar algunos ejemplos: el Genocidio selknam ocurrido durante la segunda presidencia de J.A Roca, con el envenenamiento de Springhill donde son asesinadas 500 personas y la Matanza de Santo Domingo (hoy provincia de Tierra del Fuego), donde asesinan a 300 personas; 1924, la Masacre de Napalpí bajo la presidencia de Alvear, son asesinadas (por la policía local, estancieros y civiles) 200 personas miembros de la comunidad qom y mocoví en Chaco; la Masacre de Rincón Bomba, durante la presidencia de J.D. Perón, donde la Gendarmería Nacional asesina en la primavera de 1947 a 2500 personas del pueblo wichí, qom y pilagá en Formosa, sus miembros actualmente reclaman que la masacre planificada sea reconocida jurídicamente como Genocidio.

No existía por aquel entonces legislación que garantice a los pueblos indígenas como comunidad una condición de sujetos de Derecho . Y desde 1994, Argentina, en adhesión a los Tratados y Pactos Internacionales debe incluir en su marco constitucional los derechos de las poblaciones indígenas. Desde allí comienzan a surgir numerosas leyes al respecto: la teoría abraza la inclusión, la práctica la desconoce.

A pesar de las leyes en reconocimiento de la autonomía y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, la represión no es política del pasado: en 2010, bajo el gobierno de Cristina Fernández son asesinados por la policía de Formosa, Roberto López y Sixto Gómez, miembros de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Mario López, otro miembro de la comunidad fue atropellado y muerto por personal policial a los pocos días . La comunidad fue reprimida, sus casas y pertenencias incendiadas. Su qarashe (cacique) realizó un acampe en la Ciudad de Buenos Aires en espera de la intermediación del gobierno nacional frente al gobierno provincial, pero sus reclamos fueron desoídos por el Estado. El año pasado en Bariloche, bajo el gobierno del actual presidente Mauricio Macri, es asesinado Rafael Nahuel miembro de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu durante un violento desalojo llevado a cabo por la prefectura Naval Argentina. Con esto se demuestra que la exclusión, discriminación y represión sobre los pueblos originarios forma parte intrínseca del Estado, sea cual fuese su modelo político.

Llevar a la práctica las leyes aprobadas es una tarea pendiente por parte del Estado. La Ley de Emergencia de Tierras de 2006 (Ley N.º 26 160) fue prorrogada tres veces y aún no se ha cumplimentado el relevamiento catastral que debe llevar a cabo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), paso previo para formalizar los títulos de propiedad comunitaria.

Históricamente no se permitió que las comunidades indígenas hablen por sí solas. Son “pobres indios”, “ellos no entienden”, es deber del Estado “ayudarlos”. Mientras prevalezca esta concepción, se seguirá avasallando e ignorando la capacidad de los pueblos a decidir sobre qué políticas deben ser aplicadas y cuáles no. La escuela habló por ellos, las organizaciones civiles hablaron por ellos, la ciencia habló por ellos, sin siquiera escucharlos. El artículo 75, garantiza su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Pero las decisiones económicas empresariales en coparticipación con los gobiernos nacionales o provinciales deciden sobre sus tierras de forma inconsulta, avasallando los derechos establecidos en nuestra ley fundamental.

Desde el sur al norte de América Latina, se presenció en estas últimas décadas la fuerte emergencia de los movimientos indígenas. Desde los mapuches del sur de Sudamérica a los winik de Chiapas en México, reivindican con orgullo su identidad indígena. Sus aspiraciones pretenden el respeto de los derechos indígenas y la justa repartición de las riquezas nacionales fuera del exclusivismo del discurso clasista.

En la década del 90, en la región indígena mexicana de Chiapas se escuchó gritar: “nunca más un México sin nosotros” . Lo que con otras palabras significa: Nunca más una América que ignore su pasado y presente indígena.

Bibliografía consultada:

-Gordillo, G. y S. Hirsch. “La presencia ausente: invisibilizaciones, políticas estatales y emergencias indígenas en la Argentina” en Gordillo, G. y S. Hirsch (comp.), Movilizaciones indígenas e identidades en la Argentina: 15-38. Buenos Aires, La Crujía, 2010.
-Mandrini, R. “La historiografía argentina, los pueblos originarios y la incomodidad de los historiadores”. Revista Quinto Sol, Vol. 11,2007, Pp. 19-38.
-Reina L. (Coord.) La reindianización de América Latina, siglo XIX. México, Siglo XXI, 1997. Prólogo.

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