Empleados que sobran. Funciones que se dejan.

Se acercan épocas complicadas para los empleados públicos. No solo en lo que a su economía personal se refiere sino, más que nada, a la altura del año en que nos encontramos. El lector se preguntara la razón de dicha afirmación. Se debe a que a fines de año o principios del siguiente son momentos de renovación de las variadas modalidades de contratación irregular que emplea el estado para contratar a su personal

Dejando de lado los distintos calificativos que pueden asignarse a los empleados públicos, muchos de los cuales se repiten en contextos políticos similares, parece existir acuerdo en ciertos sectores sociales acerca de que su cantidad es excesiva. Por lo menos, cierta parte de los comunicadores sociales esgrimen la existencia de una superpoblación de empleados públicos.

Delimitemos un poco el tema. Solo vamos a referirnos a los empleados del Estado Nacional, dejando de lado a los municipios y provincias. Y dentro de ese caudal, previamente delimitado, debemos considerar comprendidos a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Docentes y empleados de la salud, los cuales constituyente la mayor proporción de ellos.

Acompañemos esta delimitación con un Tweet del autor Pablo Vommaro que nos suministra una comparación del porcentaje de empleados públicos de distintos países sobre la población económicamente activa, con cita de la fuente de donde se obtuvieron los datos:

-Noruega 30%
-Suecia 29%
-Dinamarca 29%
-Finlandia 25%
-Francia 21%
-Canadá 18%
-Argentina 17%
-UK 16%
-España 16%
-USA 15%
-Italia 14%
-Alemania 11%
-Japón 6%

Fuente:Ocdestat
Via @danyscht

Teniendo en consideración los distintos sectores que componen ese heterogéneo concepto de empleo público, podemos afirmar que el porcentaje correspondiente a la Argentina no parece demasiado excesivo.

Sentado ello, podemos formular la siguiente pregunta: ¿Qué pautas pueden tomarse a los efectos de determinar si la cantidad de empleados estatales es o no excesiva?
No podemos dejar de advertir que quienes toman posición sobre la mayor o menor cantidad de empleados públicos lo hacen desde una determinada visión de las funciones que el Estado debe cumplimentar.

En aquellos supuestos donde se advierte la asunción de un mayor cumulo de funciones por parte del estado, la cantidad de empleados se incrementa en razón de ese mayor número de funciones y a la inversa.

En ese sentido puede decirse que la cantidad de empleados, en razón de las distintas funciones que llevaba a cabo el Estado, era mayor en el periodo 1983-1989 que el existente en el lapso 1989-2001. La diferencia se debe básicamente a una mayor presencia estatal en distintos sectores económicos y sociales.

La discusión acerca de qué funciones debe o no asumir el Estado excede los términos de este texto pero no es posible dejar de advertir que ese diferente rol se encuentra en el eje de los incrementos o disminuciones de la nomina estatal, más allá de los acomodos de la política en que pueda pensar el lector.

Ahora bien, teniendo en cuenta la orientación del actual oficialismo, y la postura liberal de economistas que defienden la existencia de una cantidad desmedida de empleados, resulta obvio que su número resultara excesivo toda vez que esa orientación lleva al abandono de ciertas funciones por parte del Estado. Ese abandono genera como consecuencia directa e inmediata la aparición de una suma excesiva de empleados y la conformación de una tendencia a vincular su existencia con gastos presupuestarios excesivos.

Quizás al lector le resulte un argumento reiterativo en los últimos meses.
No podemos pasar por alto que, a lo largo de la historia argentina, argumentos como la existencia de “ñoquis”, ineficiencias en la prestación de actividades por parte de los órganos estatales o el “enorme peso” que esa cantidad de empleados tiene sobre las arcas públicas son habituales en períodos donde existe un retiro del Estado de roles que había asumido previamente y que no se condicen con la ideología que lleva a cabo esa misma reducción.

Tengamos presente que detrás de la denuncia de la superpoblación de empleados estatales se encuentra la búsqueda de una justificación al retiro del Estado de la prestación o asunción de ciertas actividades. Sin esa “denuncia” no resultaría tan sencillo justificar ese abandono.
Reducción de funciones que no solo tienen incidencia sobre la calidad de vida de los empleados públicos que ven directamente desaparecida su fuente laboral sino, y acá queremos poner el acento, en importantes sectores de la población que se encuentran abruptamente privados de programas públicos que los tenían como destinatarios. Estos sectores sociales no solo dejan de tener a su disposición programas destinados a mejorar sus condiciones de vida socioeconómica sino que son perjudicados por el abandono de ese mismo programa.

Es por ello que resulta artificioso discutir la mayor o menor cantidad de empleados públicos sin, al mismo tiempo, entrar en la discusión de fondo acerca de los roles que el Estado debe cumplir para el colectivo social. Desde estas páginas esa es la discusión que invitamos a dar, no una mera cuestión numérica. Aceptamos, si así lo quiere el lector, incluir la discusión acerca de la calidad de las funciones a cumplir.

La historia nacional, reciente, pone de manifiesto quien padece las consecuencias derivadas del retiro del Estado de ciertas funciones. Resulta suficiente abrir los ojos para que la memoria se haga presente.

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