Comentario al fallo de la CSJN “Fontevecchia vs. Estado Nacional”, una nueva perspectiva de la relación derecho interno-derecho internacional, ¿avance o retroceso?

Antes de adentrarnos en los cambios introducidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN) en este fallo y el impacto a nivel regional que los fundamentos de la mayoría de nuestra Corte tienen sobre la recepción de las sentencias de la Corte IDH y los informes de la CIDH, corresponde formular algunas precisiones.

Para ser más claros y para tener una visión histórica sobre la relación del Derecho interno y el Derecho internacional en nuestro Estado, tendríamos que comenzar haciendo referencia a fallos en los cuales se tenía una visión bastante similar a la que ha tenido nuestra Corte Suprema el 14 de febrero de 2017.

En fallos “Martín” de 1963 se cuestionaba la validez del decreto – ley 6575/58 —sobre derechos portuarios— en cuanto modificaba el Tratado de Comercio y Navegación celebrado con la República del Brasil en 1940, aprobado por ley 12.688. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la inconstitucionalidad alegada resultaba inadmisible y, en consecuencia, el decreto impugnado resultaba aplicable en la especie, puesto que cuando colisionaban una norma de Derecho interno (el decreto) y una norma de Derecho internacional (el tratado), debiendo primar siempre la Constitución Nacional basándose en el principio de “norma posterior deroga ley anterior”.

De esta manera, quedo consagrada la denominada teoría dualista la cual postula la existencia de dos (2) sistemas que se avocan a resolver determinadas situaciones y tienen validez en un ámbito de competencia determinado; por un lado, el Sistema del Derecho Interno y, por otro, el Sistema del Derecho Internacional.

Llegaron los años 90s y con ellos los cambios hacia una apertura de mercado y un contexto de globalización lo que hizo posible que se fueran aplicando principios que ya los doctrinarios venían invocando, la adhesión a instrumentos internacionales, la celebración de convenios regionales, la consolidación de estructuras de mercado común.

Ello debía ser tenido en cuenta por la CSJN al emitir sus fallos, lo que da el marco propicio para el dictado del fallo “Edkmedjian vs. Sofovich”, de 1992, y ahí se comienza a hacer latente la existencia y necesidad de interpretar la relación entre derecho internacional y derecho interno a partir de un actuar coordinado para resolver un conflicto, evaluando en cada caso particular como actuaban las relaciones puestas en juego en las cuestiones de hecho objeto de controversia. En esta ocasión se discutía la operatividad de una norma contenida en un Tratado Internacional indicando que no se podía aplicar directamente porque se necesitaba de una ley del Congreso que indicara en qué condiciones iba a ser exigible ese derecho a nivel interno; en ese momento la CSJN estimó que en virtud de lo previsto por otro Tratado de jerarquía superior a la Ley, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados que prevé en su art. 27 no podrá oponerse ninguna norma de derecho interno como excusa  para incumplir un tratado.

Luego de ello, al año siguiente, se dicta el fallo “Fibraca”, la CSJN agrega a la nómina de lo previsto el año anterior que la relación entre derecho interno y derecho internacional no solo debe entenderse de primacía sobre el derecho interno en cuestiones de derechos humanos sino también para tratados internacionales, siempre y cuando cumplan con los principios de derecho público tal como está normado en el art. 27 de la CN, revistiendo entonces estos tratados una jerarquía superior a las leyes.

Llegado el año 1994, entre las propuestas de los constituyentes no solo se debatieron los cambios para propiciar la reelección y la incorporación de los nuevos derechos y garantías, sino también  la incorporación del art. 75 inc. 22 a la CN la que significó la jerarquización  a nivel constitucional de  11 tratados de DDHH, es decir, equiparables sus normas a las normas de la primera parte, en forma complementaria y sin derogar artículo alguno de esa parte de la CN. Ese listado no es cerrado sino que, con las mayorías agravadas que indica la misma constitución, pueden agregarse más instrumentos internacionales a esa lista; de hecho se agregaron dos (2) declaraciones más con posterioridad.

El articulo 75 inc. 22 zanjó expresamente toda duda sobre la jerarquía del derecho internacional por sobre el derecho interno, pero a nivel judicial, seguía en duda la aplicación obligatoria e inmediata de las OC consultivas, Informes o fallos de los organismos de Derechos Humanos. Esas dudas, se hicieron evidentes hasta que fueron dictados una serie de fallos que permitieron generar el marco para derogar las leyes de obediencia debida y punto final y volver a reabrir las causas judiciales sobre las violaciones sistemáticas a los DDHH que fueron realizadas durante la última dictadura cívico-militar.

Entre esos fallos podemos destacar los Fallos Cantos, Esposito, Derecho, Carranza Latrubesse y Mohamed, donde se ha sostenido que a partir del art. 75 inc 22 de la CN, las sentencias de la Corte IDH pronunciadas en las causas en las que el Estado argentino sea parte, deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y son, obligatorias, incluso, para la CSJN como cabeza de uno de los poderes del Estado. Sumado a ello el deber de cumplimiento se basa también en el principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, por el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, no pudiendo por razones de orden interno, deja de cumplir las obligaciones ya asumidas, bajo pena de responsabilidad internacional (art. 27 CVDT).

Transcurrieron los años y llegamos a febrero de 2017 y la CSJN con una nueva formación y dos (2) jueces incorporados en el último tiempo da un giro rotundo a esta perspectiva generando un retroceso fundamental y revirtiendo la balanza hacia la supremacía del Derecho Interno por sobre el derecho internacional, utilizando reiteradamente en sus fundamentos las características de “subsidiario y complementario”  del sistema regional de la CIDH y de la Corte IDH, indicando que  la Corte IDH no constituye una “cuarta instancia de revisión” de una sentencia emanada de nuestro máximo tribunal, utilizando para ello la propia jurisprudencia de la Corte IDH en cuanto ha sostenido que “no tiene el carácter de tribunal de apelación o de casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional; solo puede en este caso señalar  las violaciones procesales de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que hayan perjudicado al afectado, pero carecen de competencia para subsanar dichas violaciones en el ámbito interno”(Caso Gente Lacayo), es decir, no pueden hacer de tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que hayan cometido los tribunales nacionales. Del mismo modo lo interpretó también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con su doctrina del margen de apreciación nacional (Lawless v. Ireland, Handyside v The United Kingdom).

A criterio de la mayoría de nuestra CSJN dejar sin efecto una sentencia dictada por ella misma por una orden de la Corte IDH o “revocar” dicha sentencia implicaría transformar a esa Corte regional en una cuarta instancia, en violación a los principios estructurantes del sistema interamericano que ya he mencionado, “complementariedad y subsidiariedad”. Lo que Corte IDH pide dejar sin efecto es imposible a la luz de los principio de Derecho Público Argentino interpretados conforme las pautas sentadas en los arts. 27 y 31 de la CN. El art 27 indica que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de  tratados que estén en conformidad con los principios de Derecho Público de la Constitución, así los constituyentes establecieron una esfera de reserva soberana delimitada por esos principios, a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse y guardar conformidad; entre esos principios está el carácter de la CSJN como órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, revocar la sentencia firme en autos implicaría quitarle dicho carácter y transformar a la CSJN  sustituyéndola por un tribunal internacional, como la Corte IDH, contradiciendo los principios del art. 27 de la CN.

En palabras de Joaquín V. González que la CSJN hace suyas cuando postula que un tratado no puede alterar la supremacía de la Constitución Nacional, cambiar la forma de gobierno, desintegrar social o políticamente el territorio, restringir los derechos civiles, políticos y sociales reconocidos por la Constitución a los habitantes del país, ni las prerrogativas acordadas a los extranjeros ni suprimir o disminuir en forma alguna las garantías constitucionales creadas para hacerlos efectivos. La regla de conducta es el respeto a la integridad moral y política de las Naciones contratantes. Dice la CSJN que su fallo no implica negar el carácter vinculante de a las decisiones de la Corte IDH sino entender que la obligatoriedad que surge de la CADH debe adecuarse a la materia sobre la cual tiene competencia.

Después de todo lo relatado históricamente solo queda concluir que hemos visto como las circunstancias políticas-económicas e histórico-sociales han ido afectando e influyendo en los pronunciamientos de la CSJN, donde cuando estamos en una etapa de apertura económica buscamos atraer inversiones extranjeras y dar marcos jurídicos propios de “Nación prospera y civilizada” para contratar mientras que en épocas de globalización favorecemos la regionalización y confraternización con los países prósperos, o bien nos adecuamos económicamente a lo que los nos piden nuestros benefactores.

Los derechos humanos y sus prácticas habituales generan identidad y conciencia sobre las normas que están jerarquizadas en el art. 75 inc. 22, el Estado argentino, no puede borrar con el codo lo que firmó con la mano, por lo cual, debe abstenerse de realizar acciones en contra de todas las normas de DDHH jerarquizadas.

De esta manera, vemos como el derecho puede ser manipulado por la libre interpretación de los magistrados y como, a la vez, estos magistrados adecuan sus pronunciamientos según las necesidades del Estado. Todo ello nos lleva a reflexionar, ¿se piensa en los seres humanos y se aplica el principio pro-hominem a la hora de dictar sentencia o simplemente se priorizan los intereses de mercado de las naciones denominadas civilizadas?, ¿cuándo es conveniente fallar de una u  otra  manera?, ¿qué resulta más relevante la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de un tratado o la supremacía de la Constitución y el liderazgo de un Estado soberano?

Son preguntas que, con el tiempo, debemos responder. Ser o no ser, esa es la cuestión.

 

Por Natalia Pacheco,  para “El Retorno de los Sofistas”

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